La Ley de Jurisdicciones fue una ley española aprobada en 1906 durante el reinado de Alfonso XIII. Esta ley establecía que los delitos de rebelión, sedición y terrorismo serían juzgados por tribunales militares en lugar de por tribunales civiles, lo que otorgaba amplios poderes a las autoridades militares para reprimir cualquier tipo de insurrección.
La Ley de Jurisdicciones fue utilizada de manera controvertida durante la dictadura de Miguel Primo de Rivera para reprimir a los opositores políticos y a los independentistas catalanes. Esta ley fue derogada en 1931 con la llegada de la Segunda República.
La Ley de Jurisdicciones fue un instrumento utilizado por el gobierno para reprimir la disidencia política y mantener el orden público, aunque también fue criticada por su carácter autoritario y por vulnerar los derechos civiles y políticos de los ciudadanos.
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